Tarifas de agua

por Emiliano Rodríguez Briceño
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De las leyes a los hechos

El Ing. Mario Buenfil R. del IMTA, tuvo la amabilidad de enviarme este artículo publicado en El Imparcial, periódico de Sonora, escrito por el Dr. Nicolás Pineda Pablos, Doctor en Filosofía con especialidad en Políticas Públicas y en Planeación Comunitaria y Regional, Universidad de Texas en Austin, adscrito al Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos y miembro del Colegio de Sonora.

Me pareció muy interesante por los temas que he venido tratando en la página, y a través de Mario solicité la posibilidad de reproducirlo y hacer comentarios aprovechando el artículo del Dr. Pineda, a lo que el doctor accedió de inmediato, por lo que hoy se los ofrezco, tal cual fue publicado y después del artículo a la letra, me permito hacer una serie de anotaciones sobre lo expresado por el doctor, lo que sucede en el país y las alternativas posibles.

https://www.elimparcial.com/sonora/columnas/Tarifas-de-agua-De-las-leyes-a-los-hechos-20200116-0078.html

“Yo reviso las leyes de ingreso de Cajeme de 2019 y de 2020 y veo que el aumento es de de 8.6%, no hay tal aumento de 100%.

Por Nicolás Pineda

17 de Enero

 En Cajeme traen un revuelo porque hubo un aumento de 100% en las tarifas de agua. Pero en Hermosillo nadie ha mencionado que no se actualizó, el aumento al agua fue cero. Yo reviso las leyes de ingreso de Cajeme de 2019 y de 2020 y veo que el aumento es de de 8.6%, no hay tal aumento de 100%. Que alguien me explique. Confirmé también que en Hermosillo no subió la tarifa. ¿Nadie lee las leyes que se aprueban? ¿Todos reaccionamos a lo que dice alguien más, pero sin revisar los textos?

Las leyes y los buenos propósitos

Uno de los problemas de fondo de México es que no tenemos un Estado de Derecho. Esto significa no sólo que las leyes no se cumplen, sino también que se hacen para no ser cumplidas y que no ponen los medios para que se alcancen muchas de las recomendaciones y buenas intenciones que ahí se plasman. Nos dicen cómo deben de ser las cosas de manera ideal, pero no ponen los medios para llegar ahí.

Por ejemplo, veamos el caso de la Ley de agua del Estado de Sonora (Boletín Oficial 26 junio, 2006). Se trata de una ley ambiciosa, llena de buenas recomendaciones y de adjetivos positivos de lo que idealmente debe ser la política de agua, pero que en la práctica no se toman en cuenta ni se llevan a cabo.

El artículo 72 dice: “Los organismos operadores, adoptarán las medidas necesarias para alcanzar autonomía financiera en la prestación de los servicios de agua potable, y establecerán los mecanismos de control necesarios para garantizar al público usuario condiciones adecuadas de eficiencia, eficacia y transparencia”. Se está planteando una desiderata, pero deja a la creatividad de cada involucrado que defina “las medidas necesarias”.

El artículo 112 establece que el servicio de agua potable debe de prestarse con base en “los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, continuidad, calidad y cualquier otro que se considere aplicable”. Son muy bonitos los criterios, pero deja libertad para aplicar cualquier otro. ¿Qué tipo de disposición o claridad es esta?

Pero lo más importante es el capítulo VIII. Ahí se dice que las tarifas deben propiciar la autosuficiencia financiera y la racionalización del consumo de agua. Menciona asimismo que las tarifas deben de ser “suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas; la rehabilitación, reposición y mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura”. Pero para que no quede duda propone una fórmula matemática para calcular la tarifa con base a los costos fijos, los costos variables y la depreciación de activos. Hay que señalar que si se aplicara esta fórmula se acabarían los problemas financieros de los organismos.

Por último, el artículo 164 señala que las tarifas “deberán mantenerse actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos asociados a la prestación de dichos servicios”. Luego da una fórmula para hacer los ajustes en base a los aumentos de sueldos, el costo de la energía eléctrica y de los químicos como el cloro, entre otros. ¡Qué buena ley de agua tenemos!

A la hora de los hechos

A pesar de todas las disposiciones legales tan bonitas y atractivas, a la hora de los hechos los alcaldes y los diputados hacen los que más les conviene políticamente. O, más probablemente, no revisan los documentos que aprueban en el entendido de que se van a aplicar a discreción. ¿Por qué la alcaldesa de Hermosillo no aumentó la tarifa este año? ¿Por qué en Cajeme dicen que se aumentó de más y no se refleja en la ley de ingresos? ¿Qué participación tuvieron en esto las Juntas de Gobierno y los consejos consultivos?”

Hasta aquí el artículo del Dr. Pineda. Toca un problema generalizado en todos los estados federales de México, ya que en casi todos (casi, por no correr el riesgo de equivocarme), existe una ley semejante que fue promovida por CONAGUA, en el intento de dar los medios a los estados y municipios, de sostener sus servicios de agua potable y saneamiento cuando se radicalizó la municipalización de los servicios. Y prácticamente en todos, la aplicación de la mencionada ley, pasa por los mismos problemas en cuanto a su aplicación.

Lo anotado por el doctor es fundamental: “no sólo que las leyes no se cumplen, sino también que se hacen para no ser cumplidas y que no ponen los medios para que se alcancen muchas de las recomendaciones y buenas intenciones que ahí se plasman”.

Y seguramente no existe la intención, como tal, de hacerlas para que no se cumplan, sino que el proceso quedó trunco evidentemente. Primero, no se instrumentó una política nacional en apoyo a dichas leyes. Una política que tendría que ser nacional, porque sabemos que las leyes quedan cojas, cuando corresponde a los estados tomar las decisiones al respecto. Es más fácil no hacer nada, si no es una línea de “arriba”.

Pero existen además otros factores que favorecen la no aplicación de las leyes al respecto. Sonora tiene más de 70 municipios, Hermosillo y Cajeme son con mucho los de mayor peso económico. En ellos, las consideraciones de la ley pueden hacerse efectivas en toda su expresión. En este sentido. Lo planteado por el doctor tiene todo el peso de la razón. ¿Por qué no se modificaron las tarifas de Hermosillo? El impacto de no ajustar las tarifas en el momento adecuado, generará un retraso que la inflación hace imperdonable y el organismo operador enfrentará las consecuencias. La población no recordará que este año no se subieron las tarifas, pero reclamará airadamente cuando se pretendan subir en su momento, por encima de la inflación.

Pero hablábamos de otros factores. Muchos otros de los municipios de Sonora, no tienen ni la población, ni el potencial de Cajeme y Hermosillo. Con poblaciones menores de 30,000 habitantes, los municipios no podrían poner tarifas que cumplieran lo establecido en la ley. El resultado serían tarifas demasiado altas. Los servicios son muy sensibles a las economías de escala. En un balance, los municipios en estas condiciones serían más que los que pueden enfrentar sus costos, con base en sus dimensiones y población económica. Es entonces una ley para los menos y no aplicable a todos los municipios.

La solvencia de los servicios contemplados como un problema estrictamente municipal y con recursos provenientes únicamente de sus sistemas tarifarios, es muy cuestionable. Se requiere de un sistema diferente que en principio se planteó para el Estado de Sonora, a través de un proceso de Regulación de los servicios y una intervención del Estado y la Comisión Estatal de Aguas, enfocando el problema en forma integral, con un marco legal y económico que tuviera el equilibrio suficiente para mejorar los servicios en todo el estado. Las condiciones estaban dadas y se avanzó, pero los cambios políticos detuvieron el proceso. El intento que se estaba gestando en Sonora, tenía la importancia del desarrollo de los servicios en el estado, pero tenía además la importancia de probar un proceso inédito en el país, que de tener éxito, hubiera servido de modelo de desarrollo para otros estados y para empujar una posible política nacional en la materia. La Comisión Estatal de Aguas y sus autoridades, tenían claras las posibilidades de cambiar las condiciones de los servicios en el estado. Es posible que las circunstancias no puedan repetirse. Pero también es posible, que una ciudadanía conciente y comprometida, pueda empujar un proyecto en beneficio de su población.

Dr. Pineda, hay un camino largo por caminar y se comienza con un paso ¿o con un artículo?                            

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1 comentario

Mario Buenfil 23 enero, 2020 - 4:36 pm

Importante lo que comenta sobre economías de escala, necesidad de un regulador, y de que una ciudadanía consciente y comprometida exija y empuje las mejoras financieras y técnicas del operador. Lamentablemente en muchas partes del país la cultura del agua ciudadana es muy deficiente, por lo que urge generar una ciudadanía responsable y mejor informada.

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