Ajustes o Incrementos

por Emiliano Rodríguez Briceño
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El uso de las palabras precisas para designar las cosas, pareciera a veces un prurito fuera de lugar, en un idioma tan rico como el nuestro, sobre todo cuando los sinónimos nos permiten entender el mensaje sin tener que ser tan exquisito, diría un portugués, y usar la palabra exacta.

Sin embargo, cuando se trata de un tema específico, los sinónimos dejan de serlo y su uso llega a ser un obstáculo para expresar o entender acciones o circunstancias. Un ejemplo clásico ya, es el de eficacia y eficiencia, que en los diccionarios se definen como lo mismo, pero que en disciplinas como administración o ingeniería, llegan a representar condiciones totalmente diferentes.

En el caso de los sistemas de agua potable y saneamiento, muchas de las actividades o situaciones tienen sinónimos a los que deben darse significado especial o específico, si queremos entendernos correctamente, incluso desde el punto de vista legal o estadístico. Ejemplos: alcantarillado y drenaje; tratamiento, saneamiento o potabilización; toma, conexión, descarga o salida.

En el tema que quisiera tocar hoy, se da el caso de ajuste, incremento, actualización y aumento de tarifas. Da lugar a anécdotas que resultarían simpáticas, como la que relato hoy, si no fueran representación grave de la situación administrativa por la que pasan todavía muchos organismos operadores de agua y saneamiento.

En diferentes países, Colombia es un ejemplo, y casi siempre mi referente por las condiciones que han alcanzado en relativamente poco tiempo, las tarifas de agua se aplican por períodos de varios años, y después se formulan estudios completos, en los que participan diferentes dependencias del gobierno, además del órgano regulador y los operadores, incluyendo a la comunidad. Pero durante el período de vigencia de la tarifa, ésta se ajusta cuando la inflación alcanza 5% o múltiplo. Y el ajuste se aplica de forma automática sin importar fecha. Es decir, no tiene que ser al principio del período fiscal, sino el momento de rebasar el 5%, sobre el ajuste anterior. Esto quiere decir, que la tarifa producto de un estudio detallado, tiene una vigencia de 5 años al menos, pero se va ajustando conforme a la inflación. Si se presenta una circunstancia económica imprevista, la tarifa podría tener un incremento ( perdón), ajuste mayor. El incremento se da, cuando, producto de un nuevo estudio, la tarifa sufre un aumento por encima de la inflación, es decir, entonces si se trata de un incremento en términos reales de la tarifa.

A nivel de nuestras autoridades locales, esto debería hacerse notar. Subir las tarifas anualmente, el monto de la inflación, no se trata de un incremento, sino de un ajuste inflacionario que además deja un rezago como vamos a ver más adelante, que requiere una corrección en un período dado, como los 5 años, para que el estudio tarifario muestre si el rezago de la tarifa, no está afectando al organismo operador y se requiere un ajuste mayor.

El lenguaje es importante, porque en muchos casos, las tarifas, por motivos políticos, no se ajustan en dos o tres años, lo que lleva a que el ajuste acumulado, cuando se tiene la voluntad de aplicarlo, se vea por el monto porcentual, como un incremento de tarifas que resiente la población, cuando en realidad a veces ni siquiera alcanza el rezago inflacionario y mucho menos el rezago económico que ha impactado al organismo operador.

¿Por qué menciono un rezago inflacionario y un rezago económico? Veamos el inicio del proceso, en un principio de año con una tarifa apegada a costos y la realidad inflacionaria.

Inflación creciente en 12 meses

Como se ve, cada mes la inflación crece hasta llegar por ejemplo al 5%. Si la tarifa se mantiene a lo largo del año, y sus costos solo se incrementan con la inflación, lo que no siempre pasa, ya que sus costos no dependen de la canasta que determina la inflación general, el triángulo en azul representa para el organismo un rezago que no se recupera por el hecho de que en enero próximo, las tarifas tengan un ajuste del 5%. En teoría, si el presupuesto del organismo está ajustado al cobro de sus tarifas, la inflación representaría un déficit presupuestal del área del triángulo o sea el 2.5% de su presupuesto. Este déficit no disminuiría por el ajuste de la tarifa del 5% en enero del año siguiente.

Si el proceso se repite durante el año siguiente, habrá un nuevo rezago que se sumaría al actual y el déficit acumulado de los dos años, sería al menos ya del 5% del presupuesto anual. Un proceso repetido a lo largo de 5 años, acumularía un déficit equivalente al 12.5% del presupuesto de un año. El organismo seguiría trabajando, pero su presupuesto disminuido seguramente estaría impactando en falta de mantenimiento, rehabilitación o inversión, que son los rubros más facilmente afectables, si se quiere mantener el nivel de los servicios. Por eso en Colombia, después de 5 años, se realiza un estudio tarifario completo y se define un nuevo nivel tarifario que cubra las variaciones que hubieran causado un rezago económico en las tarifas, no solo para ajustarlas, sino para recuperar los rezagos en obra que se hubieran enfrentado.

Lo anterior nos muestra que, aunque las tarifas se ajusten anualmente en un monto equivalente a la inflación, se entra en un proceso incompleto. Peor aún si la actualización no alcanza la inflación o si las tarifas no se ajustan periódicamente. La falta de una política clara de aplicación nacional o al menos estatal, deja las tarifas a la discrecionalidad política, la cual oferta en muchos casos no subir las tarifas de agua, como parte de campañas que llevan el germen de la destrucción paulatina o acelerada de la calidad de los servicios en el país. Lo manejan, como si las tarifas fueran un impuesto que no debiera aumentarse,  como si fuera un logro semejante a no incrementar los impuestos. Los impuestos están concebidos como un porcentaje de ganancias, ventas o ingresos. En este caso, conforme las ganancias, ventas o ingresos crecen, el monto de los impuestos crecen aunque no se hayan aumentado. También por eso es tan peligrosa una economía sin crecimiento.

Parte del problema es hablar de incremento de tarifas o de subir las tarifas, cuando a lo sumo se realizan ajustes inflacionarios. Y no dejan de ser ajustes porque se acumulen, al no aplicarlos oportunamente. Muchas de las tarifas de los organismos, arrastran rezagos de actualización inflacionaria, defectos en los estudios tarifarios que raramente se hacen sobre una contabilidad de costos y no consideran el rezago que se sufre por la falta de cobro eficaz a los usuarios. Las eficiencias de cobro de las tarifas raramente rebasan el 70% y este índice debería aplicarse como un costo y no como una esperanza de hacerse eficiente. La eficiencia tiene un costo que también debe registrarse y no considerarla producto de la buena voluntad y esfuerzo de los trabajadores de los organismos.

En algunos organismos con visión empresarial, como Monterrey, la inflación está incluida en la fórmula tarifaria mensual, lo que disminuye a diferencial el rezago que sufre. Una indexación mensual calculada sobre la base de la inflación anual esperada, actualiza la tarifa y mantiene a la población al margen de ajustes anuales que se resienten como incrementos sin serlos. En León se aplica un porcentaje mensual de ajuste, que ha mantenido la suficiencia del organismo y le ha permitido mejorar y crecer con buenos servicios.

El ajuste de las tarifas por la inflación, no es un incremento, y no se suben las tarifas al aplicarlo, solo se actualizan. Es una necesidad producto de la situación económica del país. Sin su aplicación, los organismos van hundiéndose en la incapacidad y la falta de servicios adecuados.

Las tarifas no solo deben cubrir los egresos actuales, sino los necesarios para prestar mejores servicios y mantenerlos vigentes a lo largo del tiempo. Sin una adecuada contabilidad de costos esto es imposible.

Evitemos hablar de subir o incrementar las tarifas. Las tarifas no deben ser arbitrarias, sino el resultado de aplicar costos según los precios del mercado, y ajustarse a sus variaciones con ajustes oportunos.

La eficiencia tiene un costo. La buena voluntad de los trabajadores no es suficiente. El mejor directivo sin elementos de trabajo o recursos para dar un buen servicio, no va a darlos como producto de su simple habilidad. Capacitar al personal y aplicar nuevas metodologías, es indispensable para elevar la eficiencia y su inclusión en los costos es una necesidad de los organismos operadores. Es una necesidad de cualquier empresa que busca el éxito.

A lo largo del tiempo, la aplicación de una indexación inteligente y defendible, se ha mostrado como el mejor método de actualización de la tarifa, que permite eliminar al principio de cada período fiscal, la necesidad de realizar un ajuste, que por pequeño que sea, impacta en el ánimo de la comunidad. Además, evita prácticamente el rezago económico. En León se aplicaba un ajuste de 0.5% mensual y era un proceso ya aceptado por la comunidad y permitía caminar con la inflación sin problemas. ¿Y si ese ajuste rebasaba al final del año la inflación experimentada? Podría hacerse un ajuste a la baja, con un efecto mucho más aceptable que el de un ajuste a la alza. Una solución mucho más sana, que disminuir el ajuste mensual y arriesgarse a tener que volver a subirlo o realizar ajustes hacia arriba cuando fuera necesario, ya que se mostraría un efecto doble: un ajuste mensual y otro a principio de año. Habrá que saber que cambios se han dado.

En resumen, en este caso, como en otros muchos, es necesario seguir luchando por sensibilizar y educar en estas disciplinas, a nuestros representantes populares y candidatos a serlo y, usar términos más suaves para con la comunidad. En tanto la regulación y el marco legal, cambian y se pueden definir políticas sensatas orientadas a contar con mejores servicios públicos.

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