Continuando las reflexiones sobre estructuras tarifarias, quedó pendiente la posibilidad de encontrar alternativas a las TBC, no de tarifas porque seguramente las hay, sino que reúnan las condiciones de buscar la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y al mismo tiempo faciliten la asequibilidad a todos los niveles de usuarios y que no fomenten el mal uso o abuso del recurso en zonas donde su disponibilidad está comprometida como en la mayor parte del país.
En primer lugar, deberíamos encontrar la forma de incluir el factor socioeconómico de los usuarios y su capacidad periódica de pago. Como he platicado en otras páginas, la menor frecuencia sería más conveniente a los usuarios de menores recursos, pero dadas nuestras condiciones, pensar en períodos menores a un mes, en estos momentos parecería poco manejable.
Si revisamos de nuevo el artículo 171 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí: “El prestador de los servicios podrá determinar una estructura tarifaria, que tome en cuenta el tipo y nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los diferentes estratos de usuarios. De tal forma que permita establecer criterios de equidad en el costo de dichos servicios. La estructura tarifaria deberá diseñarse de manera que de su aplicación resulten los mismos ingresos, que si se aplicaran las tarifas medias” vemos que habla de estratos de usuarios, lo que sería muy difícil de manejar a nivel de personas, pero si podría ser más fácil si los estratos los referimos geográficamente a zonas habitacionales por sus características socioeconómicas como se hace en Colombia. Ahí tienen los centros de población, urbanos y rurales, estratificados en seis niveles que podríamos considerar como: marginado o en desarrollo, popular, vivienda social, nivel medio, residencial y residencial de lujo. Ahora este sistema ha recibido muchas críticas por parte de su población, pero ha funcionado por casi treinta años e indudablemente deberá tener ajustes, pero ha funcionado. Nada podremos considerar perfecto y con el paso del tiempo las contradicciones de cualquier sistema se hacen cada vez más evidentes y deben ser corregidas.
¿Podríamos hacerlo en nuestro país? Una de nuestras instituciones en este aspecto menos conocida y aprovechada es el INEGI. Se menciona el INEGI al hablar de inflación, condiciones de pobreza y pocos temas más, sin considerar en toda su dimensión su capacidad y manejo tan rico de información de la que dispone. Durante mi paso por CONAGUA tuve la oportunidad de conocer y prever el enorme potencial que representa la información del INEGI y lo que aun quedaría por hacer. Hicimos en convenio con ellos dos encuestas que contratadas nos hubieran costado más de 25 millones de pesos y cuyo costo con ellos no rebasó la cantidad de 2 millones de pesos. Hicimos una prueba piloto de análisis de padrones comerciales para dos municipios, uno de Guanajuato y otro de San Luis Potosí, con el resultado en cada uno de ellos de duplicar su padrón de tomas comerciales, con un importante beneficio económico. Utilizando la información de INEGI, casi ningún organismo operador tendría que actualizar sus padrones de usuarios mediante contratos con empresas particulares, una de las tareas más importantes, más costosas y mal utilizadas por los organismos actualmente.
Interesado por el modelo colombiano de estratificación geográfica de la población, exploramos la posibilidad de aplicarlo en México comentándolo con sus directivos. INEGI realiza además de los censos de población, censos habitacionales y censos económicos sobre la base geográfica e incluso de las instalaciones hidráulicas. Era tan solo necesario determinar las variables de tipo de vivienda y condiciones socioeconómicas para poder hacer una estratificación por manzana a nivel municipal de casi todo el país. Incluso se podría manejar el promedio de habitantes por predio. Ellos manejan actualmente una estratificación por marginación, que por sus características no se ajustaría a los requerimientos que planteamos, semejantes a los usados en Colombia. Pero de que se puede, se puede.
El costo medio por m3 o sea el precio que, si todos los usuarios pagaran por todos los m3 que consumen, sería suficiente para la sostenibilidad del organismo operador se aplica al estrato medio de usuarios en Colombia a la totalidad del consumo. Este costo medio aparece en todos los recibos como base del cobro. Para los otros diferentes estratos de usuarios se aplica:
- Un subsidio de hasta el 70% del costo medio a los usuarios del primer estrato, pero solo por los primeros 20 m3 consumidos. El consumo restante se cobra al costo medio
- Un subsidio de hasta el 35% del costo medio a los usuarios del segundo estrato, pero solo por los primeros 20 m3 consumidos. El consumo restante se cobra al costo medio
- Un subsidio de hasta el 15% del costo medio a los usuarios del tercer estrato, pero solo por los primeros 20 m3 consumidos. El consumo restante se cobra al costo medio
- Al cuarto estrato o sea el medio, se cobra el total del consumo al costo medio
- Al quinto estrato se aplica un sobrecosto desde el 35% al total del consumo
- Al sexto estrato se aplica un sobre costo desde el 50% al total del consumo
- Los usuarios comerciales e industriales se aplican sobrecostos semejantes a los de los estratos quinto y sexto
Los recibos son muy claros, siempre referenciados al costo medio de los servicios y limitando los subsidios a un consumo de 20 m3 mensuales, suficientes para la digna supervivencia de cualquier familia. Quien usa más agua, la paga al costo medio. Obvio, el servicio tiene que ser medido y no existen cuotas fijas.
El sistema presenta una falla desde nuestro punto de vista, no es inhibitorio del consumo excesivo para lo que somos muy buenos en los sistemas tarifarios aplicados en México.
Existe la posibilidad de utilizar el criterio de las TBC aplicados dentro de los estratos socioeconómicos a partir del consumo de los 20 m3 y las pendientes del precio de los bloques podrían ser muy suaves, dado que parten de un costo medio.
Otro problema previsible es el de los municipios pequeños en los que la estratificación del nivel de los usuarios tiene muy poca variación, no existiendo importantes diferencias socioeconómicas que puedan crear en sistema de subsidios cruzados suficientemente compensado.
En Colombia lo aminoran aplicando el uso del “hasta” y el “desde” en los porcentajes que pueden llegar a ser muy pequeños, pagando casi todos el costo medio y asociando municipios bajo un mismo prestador. En México debería recurrirse a la asociación intermunicipal forzada por medidas regulatorias, para alcanzar masas económicas suficientes para una eficaz economía de escala.
Por otra parte, en Colombia, los subsidios y los sobrecostos entran y salen de un fideicomiso de solidaridad que garantiza la solvencia de los operadores. Dicho fideicomiso recibe además las aportaciones del gobierno central y son los excedentes del fideicomiso los que se dedican a la construcción de obras nuevas. Es decir, privilegian la operación eficaz de los organismos, a la inversa de nuestro país en el que se privilegia la ampliación de coberturas, aunque los servicios sean cada vez más deficientes.
Tenemos todavía un buen trecho por caminar, paradigmas que romper y alternativas que probar. Espero que esta modesta reflexión aporte al esfuerzo que personal como el Ing. Mario Buenfil están aplicando en encontrar soluciones a este tipo de problemas.