Sobre la operación y administración de los organismos de agua potable y saneamiento he escrito ya varias publicaciones, intentando aportar reflexiones de cómo mejorarlos, dar servicios de calidad, hacerlos sostenibles ante la mala calidad general en que se encuentran y sacudir un poco la conciencia ciudadana para hacerla reaccionar y no ver con apatía nuestras ciudades con miles y miles de tinacos que son testimonio de servicios sin continuidad y que, aceptando un servicio de agua sin calidad para beberla, nos hace uno de los países con más consumo de agua embotellada.
Por razones que no entiendo, la población en general no lo percibe como un problema serio como nos lo demostraron dos encuestas sobre la percepción del servicio que se levantaron hace 6 años. Y como es natural, el gobierno en sus diferentes órdenes no resuelve lo que no se percibe como prioritario. Pero las sequías, el cambio climático, la irregular distribución del recurso y el crecimiento urbano poco a poco lo van llevando al frente.
La inclusión del derecho humano al agua en el marco constitucional y el entorno legal tan difuso de las responsabilidades en la materia lo agrava al entenderse que, en la lógica estricta de nuestra legislación, el derecho solo podrá satisfacerse a través de los servicios brindados por los organismos operadores de los servicios que constitucionalmente corresponden a los municipios, con toda su ineficiencia, insuficiencia e incapacidad. Y las excepciones a esta situación solo hacen ver más grave el estado de los servicios en más de 2,000 municipios.
En diferentes lugares y por una conjunción de circunstancias, los astros se alinean y los servicios mejoran y nos demuestran que sí es posible dar buenos resultados. Pero más temprano que tarde las cosas se revierten y la mediocridad hace retroceder las esperanzas de la sostenibilidad. Y esto se repite en lugares y bajo escenarios diversos. Les decisiones políticas, el corto tiempo administrativo, la rotación de funcionarios y cuadros técnicos, la falta de capacitación, los marcos legales tan vulnerables, las razones, pretextos y causas pueden amontonarse, pero la realidad se impone y el invierno llega, aunque no se quiera, como dice la canción.
El tiempo y los vientos me han llevado a dirigir organismos, a ser consultor, a estar en posición de autoridad en la materia y la adicción que genera este tipo de trabajo me han dado la posibilidad de observar desde diferentes ángulos el problema de los servicios de agua potable y saneamiento tratando de entender su problemática y hacer diferentes tipos de propuestas y ofrecer experiencias tratando de alcanzar el objetivo de que los servicios se presten con calidad en cantidad, continuidad y potabilidad y se brinde un saneamiento que devuelva a la naturaleza un recurso capaz de ser reutilizado. Que esto sea para todos y con la asequibilidad que el derecho humano exige por ley.
Y pienso que puede ser que la falla esté en verlo desde diferentes ángulos. Casi todos los intentos y propuestas por lo general atacan cada uno de estos ángulos, pretendiendo solucionar problemas en un ámbito o en otro, y se obtienen resultados, pero las externalidades en unos casos y en otros, las condiciones internas inherentes socavan las estructuras y lo construido con tanto trabajo se va derrumbando poco a poco.
Y probablemente tenemos que verlo desde un solo punto de vista. Tenemos que ver la totalidad desde el origen, por remoto que parezca. ¿Qué exista una autoridad del agua de nivel secretaría de estado influye en los servicios de agua potable y saneamiento? Pudiera opinarse que no, sin embargo, la forma en que están distribuidas las facultades y responsabilidades, la forma en que los recursos fluyen, el que no haya un sistema de información nacional ni una autoridad nacional de agua potable y saneamiento pueden dibujar un panorama que sería diferente si las cosas se alinearan de manera diferente.
Creo que vale la pena intentar un enfoque sistémico de todos los factores desde la institucionalidad del agua, hasta la operación y distribución de los servicios en las poblaciones rurales y visualizar una estructura que abarque todos los factores, funciones y responsabilidades que pudieran fortalecer todos los aspectos para alcanzar el objetivo señalado anteriormente: que los servicios se presten con calidad en cantidad, continuidad y potabilidad y se brinde un saneamiento que devuelva a la naturaleza un recurso capaz de ser reutilizado. Que esto sea para todos y con la asequibilidad que el derecho humano exige por ley.
Y como hay que comenzar por un extremo, comencemos por el ámbito federal. Me parece indudable que plantear una planeación nacional para el desarrollo del país, debería requerir, no solo abarcar todos los temas que inciden en el desarrollo, sino disponer de la información real del estado de esos aspectos. Y desde luego el agua como recurso, el uso que de ella se hace y en particular, la disponibilidad y su utilización en el ámbito urbano y rural para el consumo personal, industrial, de servicios de todo tipo y más, para cumplir con un derecho constitucional, debe ser un tema de prioridad en la planeación y contar no solo con una planeación sexenal, sino con una estrategia en constante revisión y actualización, sobre todo cuando nuestro país tiene una tan irregular distribución del recurso que es tan sensible ante el cambio climático y los fenómenos extremos de exceso y falta de ocurrencia.
Sobre la autoridad del agua y su institucionalidad ya hemos hablado, por lo qué, específicamente en el marco necesario para los servicios, podríamos enfocarnos sistémicamente en tres aspectos: información, regulación y recursos financieros, sobre los cuales debemos analizar sus objetivos, alcances e institucionalidad.
Soy consciente de que, en el desarrollo de estas reflexiones, los planteamientos que haga podrán caer ante el fantasma de la inconstitucionalidad. Pero, por un lado, no quiero que me detengan ya que es un intento de ver la totalidad sin poner barreras en esa visión, y por el otro, es evidente que de pretender aterrizarlo en acciones requeriría de una fuerte voluntad política y del análisis exhaustivo de cómo salvar en su conjunto esas barreras legales para hacer viable el proyecto que bien lo merecería si fuera aceptable. Ya lo he mencionado en otros escritos, el tema no se limita al ámbito de una ley sino a la creación o transformación de un marco completo en nuestra cultura social.
Abordemos el primer tema, la información. A nivel nacional no existe información completa, realista y sistemática sobre los servicios de agua potable y saneamiento. Diversas dependencias e instituciones cuentan con información parcial y obtenida de diferentes fuentes, provenientes de acciones de índole variada y con diferentes objetivos. Me explico un poco. CONAGUA cuenta con información parcial, en su mayor parte producto de un intento de control de sus inversiones de los organismos beneficiados y de extrapolaciones aproximadas, cuyo principal objetivo es determinar el índice de cobertura nacional de servicios instalados, sin importar si funcionan o no. El IMTA y otros organismos y fundaciones reúnen informaciones voluntarias de diferentes organismos para obtener índices de funcionamiento, tarifas, eficiencias, etc. El INEGI, la institución nacional de información, a través de sus diferentes censos periódicos, colecta información de los municipios y organismos operadores, pero no es total ni utilizada formalmente por CONAGUA. Además, y por experiencia personal lo digo, los responsables de los servicios dan información diferente a los diferentes solicitantes de ella, en función de los objetivos y posibilidades de quienes la soliciten.
No existiendo a nivel nacional una institución responsable del tema, nadie tiene la responsabilidad integral de reunir información consolidada y realista de los servicios. Para ninguna autoridad, organismo o institución es obligatorio rendir cuentas auditables sobre los servicios de agua potable y saneamiento a su cargo. Muchos se interesan sobre una multiplicidad de índices, pero pocos se preocupan de que existan datos básicos reales y auditables que darían en verdad sustento a índices para su análisis de la situación.
Por lo tanto, parece necesario e indispensable que rendir cuentas sobre la información de los servicios de agua potable y saneamiento, sea una obligación auditable y sancionable a nivel nacional, que la información consista en datos y no en índices, que cada información tenga un solo responsable y que el proceso sea sistemático. No es fácil y no es de un plazo inmediato, por lo que mientras más se tarde en tomar acciones, más lejos estarán los resultados. En plática con funcionarios de INEGI se comentaba que para que ellos pudieran reunir la información y hacerla pública era necesario declararla de utilidad nacional, ¿Y no lo es?
En INEGI son expertos en información, no en servicios de agua potable y saneamiento. Es necesario que exista la institucionalización del tema. Y esto lleva a la autoridad del agua y su institucionalización y la creación de un verdadero sector del agua. La institucionalización del tema sería lógica en alguna dependencia del sector cuyas funciones se podrán ir constituyendo conforme avancemos en este análisis.
Por longitud cierro esta primera parte. Faltan los temas de regulación y recursos financieros por abordar. He tratado de sistematizar este esfuerzo de conceptualización en un diagrama que expongo todavía en proceso, pero que puede ayudar a situar los párrafos escritos.
