Días atrás tuve una interesante plática telefónica con el ingeniero Mario Buenfil R. del IMTA sobre estructuras tarifarias, producto a su vez de un intercambio epistolar de Mario sobre el tema, el que me llamó la atención por mencionar la estructura tarifaria de Tarifas en Bloques Crecientes (TBC) utilizada generalmente en México en sus diferentes modalidades. Le comentaba a Mario qué dicha estructura de TBC no me parecía la estructura idónea para los sistemas de agua potable y saneamiento en México. No queriendo dejar a la memoria la plática, trato de plantear en el presente artículo los puntos principales de ella, precisando definiciones y las posibles alternativas.
Las TBC tienen dos modalidades fundamentales, ambas definen bloques de consumo: de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 50 y así en adelante con límites como los señalados o diferentes y con un mínimo que puede ser 10, 15, 20 o hasta más metros cúbicos.
La más sencilla y probablemente la más usada, da al rango mínimo un monto, sin importar los m3 efectivamente consumidos entre 0 y el límite establecido. Quien no consuma agua paga lo mismo que quien consuma hasta el límite. A partir del siguiente bloque, se determina un precio por m3 para todo el bloque, el cual se aplica al total de los metros cúbicos consumidos. Y para el siguiente bloque es igual, pero el precio del m3 va normalmente en ascenso, precio que se aplica de la misma manera al total de los metros cúbicos consumidos desde 0.
Los efectos que este modelo tienen son varios y casi ninguno bueno para el organismo operador de los servicios. El primero es que los brincos en el monto de los recibos cuando se rebasa un bloque desconciertan a los usuarios y se quejan de incrementos inexistentes en las tarifas o acusan al organismo operador de errores. Los usuarios que logran entender el motivo de los saltos en los montos recurren entonces a dos acciones: o limitan a como de lugar su consumo en un rango o intentan sobornar a los lecturistas para que mantengan su consumo bajo con la promesa de que durante el siguiente período disminuirán su consumo. Me tocó conocer casos de usuarios que vigilaban su consumo y que, al llegar al límite de un bloque, cerraban la llave de entrada del agua y recurrían a compra de agua embotellada para consumo personal y posponían usos como lavado de ropa. Y esta es la ventaja real de este modelo, el de ser muy inhibitorio del consumo y lo es mucho más si el incremento entre bloque y bloque es muy alto.
Lo que en cierta medida es contradictorio. Una empresa que proporciona un servicio que debe brindar comodidad a sus usuarios y que vive de sus ventas, pero que los incomoda y trata de restringir sus consumos o sea sus ventas.
La otra modalidad de TBC es semejante en su planteamiento general a la primera, pero los precios por m3 en cada rango o bloque solo se aplican en el rango correspondiente, haciéndose una sumatoria del monto de cada bloque. Se mantiene la situación de conflictos con los usuarios en los cambios de rango, los impactos son menores, aunque el rendimiento del modelo es menor a precios iguales, lo que hace que los cambios de precios entre bloques deban ser mayores y eleva el nivel de inconformidades de los usuarios. Es también inhibitorio del consumo y en ese nivel es semejante al modelo anterior.
Pero creo que el problema fundamental de cualquier modelo de TBC reside en que no guarda una relación clara con el costo medio de los servicios y que su rendimiento medio por m3 solo puede ser calculado a posteriori, lo que hace que establecer proyecciones de rendimiento para saber si responde al costo medio de los servicios, requiera de una estadística muy completa de la composición de los tipos de usuarios, rangos de consumo y variaciones estacionales muy claras (¿se dispone de dicha estadística?).
En realidad, cualquier modelo tarifario requiere para garantizar un rendimiento, contar con una estadística confiable de los aspectos señalados. Por otra parte, las TBC ejercen presión solamente sobre los consumos en cada tipo de usuarios sin tener en cuenta los niveles socioeconómicos de los mismos. La única posibilidad de otorgar subsidios cruzados es el beneficio a los usuarios de consumos mínimos y la realidad nos ha mostrado que los beneficiarios de esos subsidios no son necesariamente los que más los necesitan. En zonas turísticas es representativo que usuarios de fines de semana con altos niveles económicos, son usuarios de consumos mínimo y beneficiarios de importantes subsidios. En las zonas urbanas es normal que las familias mayores sean las de menores recursos y requieren mayores consumos. No siempre es así, pero es evidente que un modelo basado solamente en el castigo al consumo no es eficiente. Tratar de beneficiar a quienes lo necesitan en un modelo basado solamente en el consumo, frecuentemente termina en subsidiar a la mayor parte de los usuarios domésticos generando modelos tarifarios ineficientes e insuficientes.
Desafortunadamente son los modelos más utilizados en los organismos de nuestro país; algunos organismos como el de la CdMx (si es que puede llamarse organismo) han intentado incluir el factor socioeconómico de acuerdo a la zona, pero creo que con muy poco éxito o falta de criterio. En lo personal vivía en un apartamento a no más de 300 m de Perisur y me llegaban los recibos por $56.00, un monto que seguramente no alcanzaba a cubrir el costo del aviso y su distribución. Hubiera sido más barato para ambos, Tesorería y su servidor, no emitirlos y no cobrarme. Obviamente su monto no respondía ni lejanamente al costo de los servicios ni a la zona económica de la ubicación.
En cualquier caso y cualquier modelo, para establecer un eficiente sistema tarifario se requiere:
- Medición universal con micromedidores en buen estado
- Sistema de lectura y facturación eficaces
- Contabilidad de costos
- Conocimiento de la distribución socioeconómica de los usuarios
- Política clara de subsidios
- Estadística confiable de todos los datos
Un análisis de las condiciones de la mayoría de los organismos operadores del país nos llevaría a encontrar que muy pocos cuentan con estos elementos o cuando menos con un 80% de lo requerido. Lo que convierte las tarifas en aproximaciones sucesivas por error o tonteos por sensibilidad política (perdón, tanteos).
A ello agreguemos la incongruencia o incumplimiento de las leyes respectivas por los propios congresos estatales que las han formulado, por incapacidad o intereses poco claros. Un ejemplo es el del caso de la zona metropolitana de la capital de San Luis Potosí. La legislación sobre tarifas es estatal, existe un reglamento sobre cómo formularlas y los niveles necesarios en que deben estar. Sin embargo, a los legisladores les parece letra muerta en más de un sentido. La ley establece que se somete al Congreso la tarifa media de suficiencia y tienen un artículo que me parece de lo más avanzado, pero que lo ignoran con singular ¿desconocimiento, estulticia, desgano o incapacidad? El artículo al que me refiero es el 171 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí:
“ARTICULO 171. El prestador de los servicios podrá determinar una estructura tarifaria, que tome en cuenta el tipo y nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los diferentes estratos de usuarios. De tal forma que permita establecer criterios de equidad en el costo de dichos servicios. La estructura tarifaria deberá diseñarse de manera que de su aplicación resulten los mismos ingresos, que si se aplicaran las tarifas medias.”
No podría ser ni más claro ni mejor redactado. Sin embargo, el propio Congreso aprueba estructuras tarifarias TBC de la primera modalidad, sin tener en cuenta la tarifa media ni los criterios de “tipo y nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los diferentes estratos de usuarios”, pasando por encima del derecho del organismo operador “El prestador de los servicios podrá determinar una estructura tarifaria”
Me parece interesante y meritorio los esfuerzos de personal como Mario Buenfil en establecer criterios para la definición de tarifas para los organismos operadores y espero con verdadero entusiasmo que logren encontrar la vía de hacerlas posibles de utilizar y respetar en beneficio de los organismos y de sus usuarios.
El tema de las alternativas lo dejo para otro artículo por no duplicar éste que ya se extiende, ya que requiere hablar de modelos y de las valiosas herramientas que brinda el INEGI para poder establecer criterios sustentables en estadísticas confiables que favorecerían la capacidad de los organismos operadores del país.