En otros artículos he reflexionado sobre la falta de una política nacional de los servicios de agua potable y saneamiento, así como de una regulación que determine principios con base en esa política, para que hubiera un soporte sobre los cuales, los estados pudieran elaborar marcos regulatorios estatales o regionales que permitan el desarrollo y mejoramiento de los servicios en forma sostenible que a su vez permitan el cumplimiento y universalidad del derecho humano al agua y el saneamiento. O tal ves la política es que no exista y el derecho quede en letra muerta como otros derechos, ya que el cumplimiento cabal del derecho y el ejercicio de una corresponsabilidad entre la federación, los estados y los municipios, pasa por cambios constitucionales de fondo. Y los problemas se hacen más complejos conforme el tema no se resuelve y el destino nos alcanza a través de los problemas hídricos, la pobreza y el crecimiento urbano que no se detienen.
¿Qué se pretende? ¿Qué los servicios sean autosuficientes a través del pago de estos por los usuarios? Sabemos que es imposible que esto se de realmente. Que solamente un mínimo de poblaciones puede implantar tarifas autosuficientes. Muchos de los estados tampoco disponen, aparentemente, de los recursos suficientes y la federación invierte con mucha discrecionalidad ante falta de una política y de una reglamentación de la corresponsabilidad. ¿Podría pretenderse que los servicios domésticos, al menos, se subsidien en su totalidad? Países como Finlandia lo hacen. Los impuestos cubren los servicios y estos son muy buenos y eficientes. El nivel impositivo del país lo permite ¿Podríamos y cuándo llegar al nivel y extensión impositivos necesarios en México para adoptar esta solución? Se vale soñar, pero está claro que es una solución de muy, muy largo plazo. Parece imposible por ahora, pero no se, la 4T tiene otros números.
Permanentemente se recurre al concepto del subsidio cruzado, sobre todo en las poblaciones mayores con un rango amplio de población en cuanto a niveles socioeconómicos, con comercio y con industria. Los más ricos y los que más consumen pagan más del costo del servicio, lo que permite que los operadores presten los servicios en forma subsidiaria a los más pobres y a los que menos consumen. Y con este concepto subyacente se elaboran estructuras tarifarias que en la realidad son una verdadera falacia.
La realidad: pocos organismos tienen una contabilidad de costos que permita conocer el costo medio sostenible; los usuarios subsidiados resultan porcentajes muy amplios de la población y en verdad no son los más pobres; los subsidios llegan en muchos casos a los que menos los necesitan; las recaudaciones no garantizan la sostenibilidad y las carteras vencidas crecen en todos los organismos. Créanme, la estructura tarifaria es uno de los tantos factores de los malos servicios.
Pero, por si fuera poco, algunas ciudades de las mayores están recurriendo a prácticas suicidas y el concepto del subsidio cruzado lo están socavando con singular irresponsabilidad en beneficio de fraccionadores, vivienderos y otros rapaces, dejando a sus entidades en pendientes de las que les será difícil escapar.
Bajo el falaz pretexto de no tener capacidad de atender los servicios en nuevos desarrollos, concesionan o permiten a los ayuntamientos concesionar la prestación del servicio a los propios desarrolladores o empresas creadas ad hoc con títulos de concesión que no garantizan a los habitantes, los servicios en el largo plazo. Pero lo peor, es que se constituyen feudos de muy buen nivel, que con sus tarifas y recaudación manejadas por las empresas, al margen del organismo operador, no participan con el excedente que le correspondería dentro del esquema de subsidio cruzado aportando para los usuarios que requieren del subsidio; las fuentes no tienen la garantía de su permanencia ni tienen la seguridad de un abastecimiento en caso de emergencia, dentro del gran sistema urbano. ¿Y las aguas residuales apá? ¿Y el manejo pluvial? Y sin la existencia de un marco regulatorio, necesariamente su supervisión es muy pobre. ¿Y cómo participan en el esquema de corresponsabilidad con el cumplimiento del derecho humano al agua? ¿A quién corresponde la responsabilidad de la infraestructura? ¿Qué pasará al caducar la concesión? ¿Quién operará? ¿El que no tenía capacidad y dio el permiso? ¿En estas condiciones, sigue la recaudación siendo parte de la hacienda municipal y se cumplen los protocolos como con los organismos operadores? ¿O de esta forma el 115 constitucional quedó obsoleto?
En alguna parte me dijeron que, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro había como 40 operadores privados…. y la CEA opera todo el estado. ¿…..? En un estado en el que las zonas metropolitanas tienen muy cuestionado su futuro abastecimiento de agua y son la cabeza de la contaminación de la cuenca del Lerma. Además de los problemas pluviales recientemente puestos en evidencia por las lluvias y que no son nuevos, sino repetición de casos anteriores.
Y por el otro lado, la gran mayoría de los municipios en el país, por su tamaño y número de habitantes, son incapaces de sostener tarifas autosuficientes y la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía sigue atorada con la inconstitucionalidad y el país camina sin ley, sin políticas y sin una rectoría de los servicios de agua potable y saneamiento. Y sin derecho humano al agua, aunque esté en la Constitución.
¿Les conté alguna vez lo sucedido durante una visita de responsables de Naciones Unidas para definir los Objetivos Sustentables del Milenio (ODS)?. Asistíamos personal de CONAGUA, Desarrollo Social, ahora Bienestar, Hacienda y alguna otra dependencia. Alguna de las personas de UN preguntó por la entidad nacional responsable de agua potable. Todos nos miramos durante unos segundos y riéndome (imprudentemente) contesté -¡No hay!-
Como mencioné al principio, ante la indecisión y falta de acciones congruentes con la realidad, los problemas son cada vez más complejos. El destino está por alcanzarnos…… ¿o ya nos alcanzó?