Más reflexiones sobre el sector hídrico

por Emiliano Rodríguez Briceño
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En la publicación anterior sobre el sector hídrico hice una serie de planteamientos orientados hacia la posible necesidad de una autoridad del nivel de una secretaría del agua como una posibilidad de solución de los problemas que enfrenta el país en este tema tan delicado, por las diferencias de las condiciones tan extremas entre las diferentes regiones geográficas, agravados por las diferencias administrativas, políticas y sociales de nuestro territorio nacional necesitado de mayor equidad en todos los aspectos.

Con la intención de aportar a las reflexiones necesarias para encontrar soluciones integrales a la situación del sector, a sus rezagos y la falta de políticas coherentes con los objetivos de lograr el mayor bienestar y equidad para la población y la economía, quisiera comentar aspectos que podrían ser de utilidad.

Comencemos por SEMARNAT, a la que se encuentra sectorizada la CONAGUA, autoridad nacional del agua como recurso. Como cabeza de sector, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la encargada de fomentar la protección y conservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, así como favorecer su aprovechamiento en términos del desarrollo sostenible. La dependencia cuenta o contaba, (ya que en la administración anterior se eliminaron de todo el ámbito federal todas las dependencias de planeación, concentrando este tema en la SHCP como si solamente los recursos financieros fueran suficientes para una correcta planeación), con tres subsecretarías: de Planeación y Política Ambiental, de Gestión para la Protección Ambiental, y de Fomento y Normatividad Ambiental. Además, cuenta con el apoyo de seis órganos desconcentrados además de delegaciones federales y coordinaciones regionales de la propia Secretaría y de los órganos: la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); y dos órganos descentralizados: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En una estructura organizacional como esta, son evidentes dos aspectos: CONAGUA es la entidad con mayores atribuciones y responsabilidades, así como con mayor presupuesto y el IMTA es necesariamente una entidad ligada por sus objetivos a la CONAGUA, o debería de serlo con una correcta visión de ambas dependencias. También se hace evidente que las funciones de gobierno del sector requieren de un esquema de autonomía separado del ámbito del concepto general del medio ambiente en donde pierde importancia en un nivel insuficiente para poder contener toda la necesidad de atención que el sector requiere. Aunque se reconozca la necesaria coherencia entre la gestión integral del agua y por su lado, la del medio ambiente.

La conceptualización del sector agua requiere de un análisis integral desde diferentes ángulos incluyendo todos sus usos potenciales, las características de estos y el control necesario del recurso en atención a su disponibilidad y conservación en cuanto a cantidad y calidad.

El control del recurso requiere del conocimiento completo de su ocurrencia y los riesgos inherentes en cuanto su cantidad y calidad, fenómenos extremos, prevención, remediación y mantenimiento. Obras necesarias para control, conservación y aprovechamiento. El conocimiento meteorológico amplio y detallado estrechamente relacionado con el origen de su ocurrencia.

Su administración como recurso propiedad de la nación, fundamental para su uso social y económico indispensable para el fomento del desarrollo nacional requiere de un sistema completo de información, integrado por diferentes subsistemas por usos, usuarios, cauces, cuencas, regiones, entidades federativas en cuanto a cantidad, calidad y demanda, que permitan una administración eficiente basada en el conocimiento de su disponibilidad y demanda real, potencial y controlada para una planeación estratégica que permita la visión transexenal de los planes de desarrollo.

La operación de sus distintos usos requiere de esquemas de regulación que procuren su uso eficiente y su recuperación para evitar su contaminación y el mantenimiento de los ciclos naturales y los ecosistemas. La regulación podrá ser tanto más local y descentralizada conforme en los niveles locales existan los esquemas legales y de regulación que aseguren la observación de las políticas nacionales, sostenibilidad y asequibilidad de los servicios públicos y cumplan con el aseguramiento de la información necesaria para su conocimiento nacional. Los usos económicos deben fortalecer los esquemas municipales y regionales, así como su gestión por cuenca.

La gestión por cuenca, tiene que considerar la característica soberana de las entidades federativas tomando en cuenta que los presupuestos se ejercen por estado, creando en los estados los esquemas que garanticen los acuerdos para los procedimientos de distribución del agua en la cuenca, los planes de restauración de cuencas, la distribución de recursos para infraestructura hidráulica y la planificación de obras y acciones en la cuenca, propiciando que la participación de los usuarios y autoridades locales se de por estado en el ámbito de su gestión más cercana.

Una estructuración del sector hídrico bajo este enfoque y para su ejercicio cabal, requiere no solo de la integración de una secretaría especial del ramo, sino de organizaciones adscritas descentralizadas para regulación de los diferentes usos, el diseño de una estrategia nacional con un horizonte mínimo de 20 años, la creación de personal especializado que se ha ido perdiendo. Esquemas que aparentemente existieron. No me tocó participar en ellos, pero el Plan Nacional Hidráulico es un referente cuyo equivalente se ha perdido, lo mismo que la creación de expertos en hidráulica y los objetivos fundamentales del IMTA, no para la investigación, sino para la creación de talento y la aplicación práctica de tecnología adaptada al medio nacional.

Insisto, faltan más voces más enteradas que estas simples reflexiones. Más análisis y más profundo. Implicaciones legales que probablemente pasen por cambios constitucionales, otras disciplinas que aporten su conocimiento. Pero es evidente que agua, la seguridad de su disponibilidad, de su calidad y la protección ante sus riesgos inherentes es ahora un tema indispensable para el desarrollo y bienestar de nuestro país. Y es evidente que la institucionalidad existente no responde a sus necesidades.

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