Entre los múltiples desafíos que tenemos los mexicanos para salir del atraso, la pobreza y la desigualdad, garantizar la atención de la salud en forma universal, equitativa y de calidad, es una necesidad crucial. Además de representar un componente insoslayable del desarrollo humano de la población, la salud es una condición básica para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Como recientemente lo señalaron la Comisión Económica para América Latina ( CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud ( OPS) , “…la salud de la población debe ser una piedra angular y una apuesta estratégica para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo.”
Sin embargo, el sistema de salud que actualmente tenemos, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, es una amalgama de decisiones de política pública y una diversidad de instituciones que no responde a un diseño unificado que permita garantizar una atención de calidad para toda la gente; es un sistema fragmentado. Tenemos el sistema de salud que podemos tener, lo que se ha acumulado a través del tiempo, no el sistema que necesitamos.
Y aunque la pandemia del coronavirus y las medidas erráticas e irresponsables que ha adoptado el actual Gobierno Federal han profundizado la crisis del sector salud y descuidado su alta prioridad, la verdad es que sus deficiencias estructurales se originaron y prevalecen desde hace décadas.
El sistema de salud vigente se compone de las instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, los servicios de PEMEX, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, más lo que fue el Seguro Popular y hoy es el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Por otra parte, están las aseguradoras y las instituciones de salud privadas donde los usuarios pagan directamente los servicios que contratan.
Las fallas del sistema no permiten el pleno ejercicio del derecho a la salud que establece la Constitución ya que, según las cifras del último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es sumamente inequitativo: excluye a 33 millones de mexicanos (26% de la población), lo que afecta a la gente en condición de mayor pobreza. Además, el condicionamiento del régimen laboral para tener acceso a los servicios es excluyente, discriminatorio y violatorio del derecho a la salud. Como bien lo expresa la organización independiente México Evalúa: “La salud no es una prestación laboral, es un derecho humano.”
Y por si fuera poco el problema de la inequidad y exclusión, la afiliación a un régimen como el IMSS o el ISSSTE no garantiza el acceso efectivo a la atención. Por las deficiencias que prevalecen, el 34% de los afiliados al seguro social recurren a servicios privados y lo mismo hace el 41% de quienes pertenecen a otros esquemas de seguridad social.
Lo que ilustra claramente la prioridad que tiene este sector en México, es el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa el gasto en salud de apenas un 5.5 %, uno de los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que promedian el 8.8%. Y el gasto por persona muestra más crudamente esta realidad de atraso de nuestro sistema de salud: en México se gastan 1,138 dólares anuales, menos del 30% del gasto medio de los miembros de la OCDE que es de 3,994 dólares.
El descuido del sector salud por parte de la administración federal es evidente en el presupuesto que se aprobó para 2021. Se incrementaron sustancialmente los recursos a los proyectos consentidos del Ejecutivo Federal como el tren maya , el aeropuerto Felipe Angeles, la refinería de Dos Bocas, el rescate de PEMEX y el Banco del Bienestar, en tanto se redujo la inversión publica en áreas ya de por sí rezagadas y altamente prioritarias como la salud y la educación. De cada 100 pesos que el Gobierno Federal gastará en inversión en 2021, 43 pesos se irán a hidrocarburos y solo 2 pesos al sector salud y 1peso al sector educativo.
Por todo esto, resulta muy sorprendente que el presidente se comprometiera a que en un plazo de dos años México tendrá un sistema de salud como Dinamarca y Canadá, países que han logrado en muchos años contar con sistemas de salud reconocidos mundialmente. Un compromiso de ese tipo solo puede sustentarse en la ignorancia o en el propósito deliberado de engañar a los mexicanos, o peor, en ambas cosas.
Urge repensar, y esto sí con un verdadero ánimo de transformación, la estructura, organización y fuentes de financiamiento de nuestro sistema de salud, para que se convierta en una verdadera palanca que permita mejorar nuestra calidad de vida y potenciar el desarrollo económico. Un sistema de salud universal, equitativo y de calidad, es nuestro mayor reto.
4 DE AGOSTO, 2021
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