A propósito de propuestas de Ley

por Emiliano Rodríguez Briceño
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Pensando en los servicios de agua y saneamiento (¡para variar!) y analizando las nuevas propuestas legislativas en la materia, en las que resalta el pánico a la privatización, la línea de pensamiento me llevó a lo que considero una serie de absurdos en las creencias que se sostienen sobre la privatización, la participación ciudadana, la participación privada, los monopolios y desde luego, la regulación.

Vayamos por partes y después tratemos de ensamblarlas. Olvidemos por un momento nuestros colores y tendencias y tratemos solamente de ser lógicos y de tener sentido común, aunque a veces resulte muy difícil para algunos.

  1. El agua como recurso es un bien de la nación que no puede privatizarse, sino solamente concesionarse. Eso dice la constitución y no hay ninguna ley que lo contradiga. Mientras no se cambie la constitución, ninguna ley podrá cambiar eso y, por lo tanto, acusar de privatizadora a una iniciativa de ley, sin modificar la constitución, no es más que una postura política o una tontería.
  2. Los servicios públicos de agua potable y saneamiento son un monopolio natural. Es más, son el ejemplo perfecto y por excelencia de un monopolio natural. Si dejáramos que cualquiera pudiera construir sus propios sistemas para competir por un mercado, los costos y, por ende, los precios libres de mercado serían mayores y no menores, si existieran dos o más sistemas en paralelo. ¿Mejor definición de un monopolio natural?
  3. Pero, por si fuera poco, la constitución hace responsable de ellos a los municipios y el congreso se cierra la potestad de reglamentarlos (¿y también de regularlos?), impidiendo así la posibilidad de una política nacional y una ley específica en la materia cuya propuesta cae siempre en la inconstitucionalidad.
  4. Resultado: un monopolio de un servicio básico y fundamental sin regulación ni política nacional. Un monopolio de un servicio cuyas tarifas son pasto de la política, cuyos responsables pueden ser puestos y removidos a conveniencia libre del alcalde, que se presta a la contratación exagerada de personal (que se rota cada tres años o menos), que en las campañas políticas son fuente de ofertas descabelladas como si su operación no tuviera un costo e implicara una responsabilidad.
  5. Los servicios de agua potable y saneamiento son especialmente sensibles a la economía de escala. Requieren de una masa poblacional que resulte económica, para que los costos puedan traducirse en tarifas asequibles y se garantice un adecuado nivel de la calidad de los servicios. Una población de menos de 30,000 habitantes no puede ser autosuficiente plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población.
  6. Más del 70% de los municipios del país tienen 30,000 habitantes o menos, no pueden ser autosuficientes plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población. La mayor parte de los municipios, en las condiciones actuales, posiblemente nunca sean autosuficientes. Pero es inconstitucional regular que por ley tengan que asociarse para constituir masas económicas sostenibles.
  7. Los recursos hídricos, sobre todo los subterráneos, están seriamente sobreexplotados y presentan contaminación química cada vez más grave. Las aguas residuales urbanas no se tratan en forma efectiva y contribuyen al proceso de contaminación superficial. Sin medición y cobro efectivo por el uso, no se tienen recursos ni elementos de presión para que quienes usan el agua, la usen racionalmente, la potabilicen y la restituyan sin contaminar, en un proceso sostenible.
  8. Se pretende la participación ciudadana, pero no la participación privada. ¿Por qué no las dos? Ambos son ciudadanos, solo que algunos aportan opiniones y consejos y otros aportan y arriesgan recursos. Si, si lo hacen por ganar dinero ¿es ilícito? O lo que está mal es que no los regulemos en forma adecuada.
  9. Entonces solo pueden participar como operadores las entidades públicas. ¿Cuántas entidades públicas conoce que sean buenos administradores, presten buenos servicios, sean autosuficientes y garanticen su sostenibilidad y rindan buenas cuentas públicas? ¡Y sin regulación de ningún tipo! Las hay, pero en raros casos y por períodos no muy largos. Seguramente no necesitaremos todos los dedos para saberlo.
  10. Pero ni unos, ni otros son buenos o malos per se. Sin una regulación efectiva, capaz de sancionar a unos y otros, además de condicionar su vigencia a la oferta de un buen servicio, sostenible y asequible, unos caen en el abuso y otros en el manejo político, sufriendo los efectos de ambos extremos, la población usuaria.
  11. No existe en el país una dependencia que pueda considerarse en derecho, como encargada y responsable de la rectoría en materia de servicios de agua potable y saneamiento. Ninguna entidad conoce en forma cierta los datos en materia de servicios públicos de agua potable y saneamiento. Los operadores no tienen ninguna obligación por ley, de entregar información de su gestión en forma completa y periódica.
  12. El derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento no es lo mismo que los servicios domiciliarios a cargo de los operadores actuales. Pero sin servicios domiciliarios sostenibles y eficientes, con posibilidades de extensión al universo completo de la población, el derecho humano es y será letra muerta.

Estas son las piezas del rompecabezas. Es difícil ensamblarlas para integrar un subsector eficaz y eficiente, sin cambios de paradigmas serios y sin ajustes profundos del marco legal y político, que termina siendo la raíz de los problemas y es en gran parte responsable de la situación actual de los servicios.

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2 comentarios

José Antonio Gutierréz Zenteno 31 agosto, 2020 - 1:40 pm

Muy buen articulo ingeniero EMILIANO, como bien lo explica es importante que todos los interesados en el manejo del agua nos pongamos las pilas y participar en los diferentes foros para encontrar la solución a esta problemática que se tiene del rompecabezas, porque como dice que difícil es ensamblar las partes para integrar ese subsector que tanto esperamos; por años hemos esperado que los políticos hagan algo para hacer los cambios en la ley, pero esto afecta a muchos intereses de los partidos políticos y si los conocedores del problema y la sociedad civil no participamos exigiendo un cambio seguirán pasando los años y no habrá ningún cambio en la situación actual de los servicios; seguirá igual ?

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Eduardo Padilla Ascencio 5 septiembre, 2020 - 8:27 pm

Muy atinada síntesis en tiempos de hablar de una nueva ley de aguas. Ojalá los grupos políticos y ONGs se dieran 5 minutos para leerla ya que esta muy clara y no deja margen para interpretaciones. Consideró también que Deberían de formar parte de los cursos que La escuela del agua coordinada por ANEAS y CONAGUA ofrecen sobre derecho y regulación de servicios de agua.

En hora buena Ingeniero Emiliano.
¡No hay que dejar de insistir en el tema!

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