La corresponsabilidad que México ha postergado0
Uno de los rasgos más persistentes de la vida pública en México es la expectativa de que el gobierno sea el único responsable de resolver los problemas colectivos. Esta visión se refleja con particular crudeza en los servicios públicos y en la infraestructura: cuando fallan, se exige su corrección; cuando se anuncian nuevas obras, se discute su monto o su impacto inmediato, pero rara vez se cuestiona la calidad de su concepción técnica, su sustento de largo plazo o la responsabilidad social en su origen.
En la práctica, esta cultura de delegación ha producido un sistema estructuralmente débil. Los servicios públicos dependen de infraestructuras que deberían ser el resultado de procesos técnicos rigurosos, sostenidos y socializados. Sin embargo, en México se ha normalizado la ejecución de obras sin proyectos ejecutivos completos, sin estudios suficientes y sin procesos serios de maduración. No se trata de excepciones: es un patrón.
Este problema no puede explicarse únicamente por la inercia gubernamental. La situación política y electoral impone horizontes cortos que son incompatibles con la naturaleza real de la infraestructura, pero la sociedad organizada tampoco ha asumido el papel que le correspondería en la construcción de soluciones de largo plazo. Un proyecto público bien concebido requiere años de análisis, validación técnica y socialización. Esperar que ese proceso ocurra exclusivamente dentro de administraciones de tres o seis años es, en el mejor de los casos, ingenuo.
Más preocupante aún es que amplios sectores de la sociedad organizada —cámaras, colegios, asociaciones técnicas y gremios— han limitado su relación con la obra pública a una lógica reactiva y transaccional: aguardar a que el gobierno anuncie proyectos para entonces participar como proveedores, contratistas o consultores. Son escasos los casos en los que estos actores asumen una responsabilidad previa, autónoma y sostenida en la gestación técnica de los proyectos, aun cuando cuentan con el conocimiento, la continuidad institucional y los recursos humanos para hacerlo.
Esta actitud no es neutral. Al renunciar a impulsar proyectos maduros y bien fundamentados, la sociedad organizada contribuye, por omisión, a la improvisación que después critica. Se exige planeación, pero no se invierte tiempo ni capital técnico en construirla. Se reclama eficiencia, pero se espera a que el gobierno haga el trabajo complejo para luego competir por su ejecución. Esta contradicción debilita tanto al Estado como al propio tejido profesional y técnico del país.
Frente a esta realidad, es necesario replantear de manera más exigente el concepto de corresponsabilidad ciudadana. Si se acepta que los ciclos políticos impiden la maduración adecuada de los proyectos, entonces la ciudadanía organizada debe asumir explícitamente el papel de garante del tiempo largo. Cámaras empresariales, colegios de profesionistas, universidades y asociaciones especializadas no pueden limitarse a ser observadores críticos o beneficiarios potenciales; deben convertirse en impulsores activos de proyectos técnicamente sólidos, elaborados con anticipación, discutidos públicamente y ofrecidos a los gobiernos para su ejecución.
Este modelo no desplaza al Estado ni privatiza la decisión pública. Por el contrario, eleva el estándar de la acción gubernamental y reduce la discrecionalidad, al obligar a que la ejecución se base en proyectos ya debatidos y técnicamente consistentes. Pero también exige un cambio incómodo para la sociedad organizada: pasar de la expectativa de contrato a la asunción de responsabilidad pública.
La calidad de los servicios públicos y de la infraestructura es un reflejo directo del nivel de madurez cívica de una sociedad. Mientras la ciudadanía —incluida la organizada— siga esperando que el gobierno piense, planee y cargue solo con los costos de largo plazo, los resultados seguirán siendo deficientes. Exigir sin contribuir no es ejercicio ciudadano; es una forma sofisticada de pasividad.
México no carece de capacidad técnica ni de profesionales calificados. Carece, todavía, de una ciudadanía organizada dispuesta a invertir tiempo, conocimiento y prestigio en la construcción de proyectos que no garantizan beneficios inmediatos, pero sí generan valor público duradero. La evolución pendiente no es solo institucional: es ética y cívica.