Escribiendo el artículo pasado sobre la Ley General de Aguas y el derecho humano al agua, que desde 2012 necesitan existencia y reglamentación según lo establecido en la reforma constitucional, parece necesario establecer ciertas relaciones entre conceptos que, a pesar de lo mucho escrito y discutido en diversos foros, se dejan sin definiciones claras sobre los cuales quisiera hacer reflexiones puntuales y establecer entre los diferentes temas que no pueden dejarse aislados, relaciones obligadas si se quiere encontrar una verdadera solución integrada que tenga verdadera viabilidad.
Para tratar de ser lo más claro posible, quiero plantear estos aspectos en forma diferenciada, como piezas separadas, pero que necesariamente deben ensamblarse para hacer posible una solución verdaderamente sostenible.
Nacionalmente no existe una política expresa sobre los servicios de agua potable y saneamiento que soporte que todos los mexicanos tengan acceso a estos servicios en forma universal, contemplando las diversas formas adecuadas a las condiciones de nuestro diverso territorio y sus diferentes condiciones económicas y sociales. Y no puede haberla mientras no exista una ley nacional que le de apoyo y soporte real mediante una distribución de funciones y facultades claras, ya que lo único que tenemos son las incompletas y desde mi punto de vista, poco claras consideraciones constitucionales del artículo 115, sin una reglamentación sustentable a través de una ley reglamentaria. Por favor, no empiecen a decir que sería inconstitucional, porque eso no la hace menos necesaria. ¡Resolvámoslo!
Diversas organizaciones civiles insisten en soluciones “ciudadanizadas” (cualquier cosa que sea eso) y estrictamente locales, cuyo análisis haría su instrumentación fuera de toda posibilidad práctica y congruente. La gestión hídrica integrada del agua no puede dejar de contemplar los usos urbanos, comerciales, industriales y domésticos, sin conocer sus datos y capacidad de sustentabilidad. Los sistemas no tendrán sustentabilidad real sobre la base solamente de la aportación “ciudadana” sin una consolidación e interrelación de orden nacional que incluye lo administrativo, lo económico y lo técnico. La regulación de la calidad del agua, de los diferentes parámetros de calidad y eficiencia de los servicios, así como del impacto sobre las aguas nacionales, cauces y depósitos es de nivel y responsabilidad nacional, con evidentes características locales y por cuenca que no pueden ser simplemente ciudadanizados y locales.
Hay voces, algunas de la propia ANEAS, órgano gremial de las “empresas” de agua potable y saneamiento, tratando de diferenciar los servicios de agua potable y saneamiento, del derecho humano al agua y el saneamiento, buscando de que no se cargue unilateralmente el soporte del derecho humano sobre los organismos operadores de agua potable y saneamiento. ¡No pueden con el “simple” servicio y ahora se pretende que cumplan con un derecho universal! Su alarma es justificada, pero lo que es cierto es que, si hay un ejemplo claro de monopolio natural, es el de los servicios de agua y saneamiento. Quieran o no, en donde exista en cualquier forma, un organismo o “empresa” de servicios de agua potable y saneamiento, será necesariamente a través de él y el cual estará obligado a dar cumplimiento al derecho humano al agua y el saneamiento. Cómo, en qué forma y con qué recursos, es lo que tiene que definirse, reglamentarse y establecerse mediante leyes nacional y local, con reglamentación clara y con una regulación que proteja tanto a los usuarios como a los propios operadores. ¡Otra vez inconstitucional! Sin la atención completa a este tema en forma práctica y eficaz, los buenos servicios de agua y saneamiento y el cumplimiento del derecho humano al agua, serán solamente aspiraciones sin sustento en este país. Lo peor es que se están haciendo reclamaciones e incluso emitiendo juicios con total ignorancia por falta de conocimiento y de elementos que pueden estar dejando jurisprudencias sin sustento.
Y es probable que alguien diga que las leyes ya son suficientes y que lo único que falta es hacer las cosas bien y cumplir con lo establecido, sin nuevas legislaciones ni organismos adicionales a los existentes. Y estaría en lo correcto. En realidad, respetando cabalmente los principios éticos y morales no necesitaríamos leyes, policía, guardia nacional, penales ni fronteras. Hace 40 años se descentralizaron los servicios de agua potable que operaba la federación, anualmente se ha seguido invirtiendo (y mucho en verdad) y la municipalización simple no ha funcionado. La buena voluntad no es suficiente. El derecho humano al agua es tan evidente un derecho universal, que no tendría que legislarse.
Este es el rompecabezas. Toca ensamblarlo sin dejar elementos sin resolver. Tristemente el pueblo bueno y sabio no puede resolverlo en abstracto porque el pueblo no existe, existen personas concretas que debemos aportar y construir los elementos para que como pueblo podamos disfrutar buenos servicios. La tarea es mucha y aparentemente las manos son pocas. Sumemos todas a lo que falta por hacer ¡así sea inconstitucional! Hacemos cambios por intereses a veces bastardos. ¡Cambiémosla por el interés general! Lo que requiere de intervenciones personales de quienes tienen la capacidad y la responsabilidad.
Revisando lo escrito y la documentación que he visto, solo quiero a manera de aclaración decir que algunas personas tienen demasiada iniciativa. Cada cosa en su lugar y para lo que sirve. Leyes de 440 artículos, con reglamentos incluidos y pasando por encima de cualquier respeto a jerarquías y elementos constitucionales, no son la solución. Si algo debe arreglarse antes, debe hacerse antes. Los ajustes constitucionales deben ser previos. Las leyes eficientes deben ser breves y jerarquizadas, los reglamentos pueden ser varios y las leyes locales y sus reglamentos casuísticos. Los municipios tienen su propio cuerpo reglamentario. Y tengamos presente que la mejor forma de establecer discriminaciones es estableciendo leyes y reglamentos especiales para sectores de la población, olvidando que todos somos mexicanos y que nuestra meta máxima debe ser eso, ser sobre todo y ante todo mexicano, ser, actuar, vivir, responder y exigir como mexicano, sin antenombres, apellidos, títulos ni características raciales o especiales.