Si hay algún motivo justificado para el desaliento cuando intentamos imaginar el futuro de nuestro país, es la situación que vive una gran parte de las niñas, niños y adolescentes. Más allá de lo doloroso que puede ser para las personas con sentimientos y calidad humana, es una realidad que forma parte de las condiciones de desigualdad social, atraso económico y rezago cultural que caracterizan a México y que, mientras no seamos capaces de superarlas, seguirán como un pesado lastre en el esfuerzo por conseguir mejores niveles de desarrollo.
México cuenta con una población de niñas, niños y adolescentes de 39 millones que representan casi un tercio de su población total y de los cuales alrededor del 60 % vive en las zonas urbanas y el resto en el medio rural. Lo preocupante es que, como resultado de los infructuosos intentos por mejorar el crecimiento económico y elevar de manera consistente el ingreso de las familias, poco más de la mitad de la población infantil y adolescente vive en condiciones de pobreza, y de esta el 20 % se encuentra en situación de pobreza extrema. De la población indígena el 91 % de las niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza.
No obstante, los esfuerzos que se han hecho para mejorar los programas asistenciales y de salud, universalizar la educación básica y prestar mayor atención a las situaciones que vulneran los derechos de la infancia y la adolescencia, aún persisten condiciones críticas de rezago social, de maltrato y de violencia que, por supuesto, se agravaron desde 2020 con la emergencia sanitaria del COVID-19.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) los niños, niñas y adolescentes mexicanos padecen un grave problema de malnutrición. El 12 % de los menores de 5 años padecen desnutrición crónica, mientras que el 30 % de los niños y niñas entre 6 y 11 años padecen sobrepeso y obesidad. Al reducir el ingreso familiar, la pandemia provocó que 1 de cada 3 hogares con niños experimentara inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir carencia de alimentos o situación de hambre.
El atraso educativo se observa principalmente en los aprendizajes, ya que 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos requeridos en su
nivel educativo y 4 millones de niños no asisten a la escuela. El efecto negativo que tendrá el cierre de escuelas por la crisis sanitaria y la dificultad para continuar el aprendizaje desde casa, seguramente hará más severo el rezago educativo de los niños más pobres.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) estima que 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil en México, lo que representa el 11.5 % de la población en este rango de edad.
El UNICEF México señala que al menos seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes de uno a 14 años sufrieron algún método violento de disciplina, y uno de cada dos fueron objeto de agresiones psicológicas. Las condiciones impuestas por el COVID- 19 han agudizado estas y otras situaciones de violencia, explotación y abuso.
Como vemos, la realidad que enfrenta una parte muy importante de la niñez y adolescencia de nuestro país es mucho más que preocupante. Además de lacerante, es un motivo de desánimo constatar la pérdida de un gran potencial que debería utilizarse para impulsar un mejor desarrollo humano.
Por ello, tenemos que exigir que se adopte un proyecto de país en el cual sea prioritario, como un esfuerzo transversal de todos los sectores y ordenes de gobierno, atender el rezago social y garantizar que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una condición insoslayable para edificar un futuro cierto.