Sin una política pública que le otorgue la importancia que merece al agua y a la administración adecuada de este recurso, no hay posibilidad de progreso; no hay un país, ni una región o estado, que logre impulsar su desarrollo humano y su competitividad.
En México tenemos muchas asignaturas pendientes en esta materia. Desde los problemas de una explotación insostenible de las fuentes subterráneas del recurso, el uso ineficaz del agua en actividades de baja rentabilidad económica, la operación ineficiente y financieramente inviable de la mayoría de los organismos operadores de agua potable – en perjuicio de la población en condición de pobreza- y una gran incidencia de agua de baja calidad y contaminada.
Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las ciudades mexicanas registran un desperdicio de agua por la obsolescencia de sus redes de distribución de un 40% a un 60%, lo cual casi triplica los niveles de desperdicio que presentan las ciudades de los demás países de la OCDE. Igualmente, las ciudades mexicanas muestran los mayores atrasos en cuanto a la cobertura de acceso al agua potable y el tratamiento de aguas residuales: mientras que el 85% de las ciudades de los países miembros de la OCDE registran una cobertura total del servicio de abasto a la población, las ciudades de México se colocaron en los últimos ocho lugares de acceso, y lo mismo se registra para el caso del tratamiento de las aguas residuales.
A la emergencia ambiental que se vive a nivel mundial por los efectos de una “civilización” fundada en la depredación de los recursos naturales y a la crisis del agua que se genera por el crecimiento poblacional y la limitación de los recursos hídricos, en México tenemos que considerar los esquemas de manipulación política e ineficiencia institucional con que se gestiona el agua en todos los usos, y particularmente el agua potable para consumo de la población.
Es necesario impulsar a nivel nacional una reforma de la gestión del agua que tenga como propósito lograr el acceso universal de la población a este recurso vital, ampliar la infraestructura de tratamiento y reúso de las aguas residuales y garantizar la calidad del agua para el consumo humano, mediante un nuevo régimen institucional de los organismos operadores, fundado en la mayor autonomía respecto de decisiones discrecionales de las autoridades locales y de la política electoral, en su profesionalización, compromiso social y eficiencia financiera. Su vocación social no debe ser incompatible con su eficiencia y su autosuficiencia presupuesta!. No se puede combatir la pobreza desde la improvisación y el uso político del agua, menos desde el populismo y la corrupción.
Estamos ya en una situación crítica y tenemos que decidir: agua o rezago.