La construcción del bien público
La ciudadanía es, en su definición básica, la condición jurídica, política y social que adquiere una persona al pertenecer a una comunidad organizada, normalmente un Estado, y que le otorga derechos y deberes reconocidos por la ley. Dicho de forma sencilla, ser ciudadano significa formar parte activa de una sociedad y participar en su vida pública conforme a normas compartidas. No se trata únicamente de una pertenencia formal, sino de una relación viva entre individuos, comunidad e instituciones.
En este sentido, la ciudadanía se construye sobre tres elementos fundamentales. El primero son los derechos, entendidos como las facultades que el Estado reconoce a las personas: votar y ser votado, expresarse y asociarse libremente, acceder a la educación, a la justicia y a la protección institucional. El segundo elemento son los deberes u obligaciones, que acompañan inseparablemente a esos derechos: cumplir las leyes, contribuir mediante impuestos, participar en la vida cívica y respetar los derechos de los demás. El tercer elemento es la participación, que implica intervenir en los asuntos públicos no solo a través del voto, sino también mediante la deliberación, la organización social y la vigilancia del ejercicio del poder.
En una concepción más amplia y contemporánea, la ciudadanía trasciende lo estrictamente legal y se entiende como una práctica social cotidiana. Incluye la conducta ética, el compromiso con el bien común, el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos. Bajo esta óptica, la ciudadanía no es un estatus pasivo que se posee, sino una forma de convivencia y corresponsabilidad que se ejerce.
Desde esta perspectiva cívica y social, los mexicanos como ciudadanos presentamos un perfil complejo y contrastante, resultado de nuestra historia política, de nuestras instituciones y de las condiciones socioeconómicas que caracterizan al país. No se trata de una valoración homogénea, sino de un entramado de fortalezas y debilidades que coexisten y, en ocasiones, se contradicen.
Entre las fortalezas destaca la alta capacidad de organización social. Ante la insuficiencia o ausencia del Estado, la sociedad mexicana ha desarrollado redes comunitarias y solidarias notables, visibles en la respuesta ante desastres naturales, en la organización vecinal y en el apoyo mutuo en contextos de crisis. A ello se suma un fuerte sentido de identidad y pertenencia, que genera cohesión cultural y arraigo al territorio, a la historia y a las tradiciones. Asimismo, existe una participación cívica informal amplia, expresada en movimientos sociales, activismo comunitario y defensa del territorio, del agua, de los derechos humanos y del patrimonio común.
Sin embargo, estas fortalezas conviven con debilidades estructurales profundas. Una de las más relevantes es la baja confianza en las instituciones, producto de una percepción persistente de corrupción, impunidad e ineficiencia, que ha erosionado la relación entre ciudadanía y Estado. A ello se suma una participación política intermitente, que para muchos se reduce al voto periódico, sin continuidad en la vigilancia, la exigencia de rendición de cuentas ni el seguimiento de políticas públicas. Finalmente, persiste la normalización de prácticas contrarias a la legalidad, como la evasión de normas o el incumplimiento de obligaciones cívicas, lo que debilita el Estado de derecho.
Estas características no surgen de manera espontánea. Están explicadas por factores estructurales: una historia prolongada de centralismo y autoritarismo que limitó la formación de una ciudadanía activa y crítica; una desigualdad social profunda que restringe el ejercicio pleno de derechos; y una educación cívica tradicionalmente más normativa y declarativa que práctica y experiencial.
El resultado es una ciudadanía que no es pasiva ni indiferente, pero sí fragmentada y desigualmente empoderada. Se trata de una ciudadanía reactiva, capaz de movilizarse ante la emergencia o la injusticia, pero aún débil en la construcción sostenida de instituciones, normas y bienes públicos. En síntesis, México cuenta con un alto potencial social y, al mismo tiempo, con un déficit institucional y cívico que responde más a condiciones históricas y de diseño que a una carencia de valores individuales.
La comparación internacional ayuda a entender esta condición. Observando lo que ocurre en Estados Unidos, se aprecia que, en términos generales, ahí predomina una ciudadanía más activa en lo público cotidiano, mientras que en México prevalece una actitud más pasiva frente a los asuntos comunitarios. La diferencia no se expresa tanto en discursos como en prácticas concretas.
En Estados Unidos, lo público no se concibe exclusivamente como aquello que hace el gobierno. Escuelas, parques, bibliotecas, seguridad vecinal, recaudación local y consejos comunitarios son gestionados o cogobernados por ciudadanos. Existe una fuerte cultura de voluntariado, donaciones, participación en comités y uso de mecanismos legales para la defensa del interés colectivo. En México, en cambio, lo público se asocia casi exclusivamente al Estado. Cuando un ciudadano actúa directamente, su intervención suele verse como algo extraordinario, no como una obligación normal. Predomina la expectativa de que el gobierno resuelva incluso problemas claramente comunitarios.
Esta diferencia tiene raíces claras. México heredó un modelo centralista y paternalista en el que el Estado fue durante décadas el proveedor casi exclusivo de servicios y decisiones, lo que formó una ciudadanía dependiente más que corresponsable. Además, participar en asuntos públicos suele implicar costos, riesgos, conflictos o desgaste, con pocos incentivos visibles. A ello se suma la debilidad del ámbito local: mientras en Estados Unidos el nivel municipal o comunitario es decisivo y con atribuciones reales, en México el municipio es, con frecuencia, la esfera más frágil del Estado. Finalmente, la educación cívica ha carecido de una dimensión práctica que enseñe, desde temprano, que la comunidad funciona porque alguien se hace cargo.
El punto central es que no se trata de una falta de solidaridad. Los mexicanos sí asumimos responsabilidades, pero principalmente en el ámbito privado y familiar, en situaciones de emergencia o de manera informal. Existe capital social, pero este rara vez se traduce en gobernanza cotidiana. Por ello, en México predomina una ciudadanía que espera al gobierno, más que una que se asume como parte del gobierno, no por apatía moral, sino por un diseño institucional que desincentiva la corresponsabilidad y por una historia que enseñó que involucrarse no servía o resultaba costoso.
Esta condición se refleja con especial claridad en los servicios públicos. Agua potable, limpieza urbana, mantenimiento de infraestructura, alumbrado, transporte y espacios comunitarios suelen concebirse como responsabilidades exclusivas del gobierno. Cuando fallan, la reacción ciudadana se limita al reclamo, la indignación o la resignación, pero rara vez se traduce en corresponsabilidad activa. En el caso del agua, por ejemplo, se exige continuidad, calidad y tarifas justas, pero se minimiza la responsabilidad ciudadana en el consumo racional, el pago oportuno o el reporte de fugas. En el entorno urbano, se demanda limpieza y orden mientras se tolera el deterioro de banquetas, parques y equipamiento común bajo la lógica de que “para eso está el municipio”. Esta actitud sobrecarga a gobiernos locales ya debilitados y erosiona la noción misma de bien público.
En contraste, en Estados Unidos es común la participación ciudadana en juntas locales, asociaciones vecinales, consejos escolares y esquemas de voluntariado que inciden directamente en la calidad de los servicios. No se trata de un Estado ausente, sino de un Estado acompañado por ciudadanos que se reconocen como parte de la solución. Lo público se vive como un espacio compartido, no delegado.
Evolucionar como ciudadanía implica, por tanto, un cambio profundo: pasar de una cultura de exigencia pasiva a una de corresponsabilidad activa. Esto no significa sustituir al Estado ni justificar su ineficiencia, sino fortalecerlo desde la base social. Implica asumir que pagar los servicios, cuidarlos, participar en su planeación y vigilar su operación forma parte del ejercicio pleno de la ciudadanía.
Cerrar esta brecha exige acciones concretas y simultáneas. Por un lado, gobiernos dispuestos a abrir espacios reales de participación y rendición de cuentas, donde la intervención ciudadana tenga efectos tangibles y seguros. Por otro, una sociedad dispuesta a involucrarse de manera cotidiana, no solo en la protesta o la emergencia, sino en la gestión ordinaria de lo común.
La calidad de los servicios públicos es, en última instancia, un reflejo del tipo de ciudadanía que los sostiene. Mientras sigamos esperando que el gobierno lo haga todo, seguiremos teniendo servicios frágiles y comunidades desconectadas. El reto para México es construir una ciudadanía que no solo demande derechos, sino que asuma responsabilidades como parte integral y permanente de la vida pública.
